martes, 24 de abril de 2018

La pragmática sanción de 1783 y el pueblo gitano


La historia moderna de España, entre los siglos XV-XVIII, está plagada de hechos gloriosos, como fue la formación del gran imperio universal español o el descubrimiento de América.

Pero, las dinastías de Austria y Borbón tienen también una dura mancha a lo largo de este periodo en lo relativo a la política seguida por los monarcas españoles en lo relativo a las minorías étnicas. Con la conquista de Granada en 1492 y el fin de la reconquista cristiana, se impone una política de uniformización socio-religiosa de los reinos de Castilla y Aragón fundamentados en la imposición de la religión cristiana católica, tanto en los preceptos religiosos como sociales.

Para ello, minorías étnicas como judíos, moriscos y gitanos quedaban fuera de esa nueva España impuesta desde los Reyes Católicos. Ésta uniformidad se saldó con persecuciones graves a éstas minorías, que se saldaron con la expulsión de los judíos en el siglo XV, la de los moriscos en el siglo XVII y una política constante de hostigamiento y aculturación de los gitanos desde el mismo siglo XV y que se saldó con duras leyes anti-gitanas en el siglo XVIII.

El pueblo gitano tiene un oscuro y poco conocido origen, y aún hoy en día, se sigue debatiendo el origen histórico de ésta minoría étnica en Europa. Parece más o menos consensuado que los gitanos tienen sus origen en la India, en las regiones del Punjab y el Sinth, y que con la invasión islámica de la zona en el siglo IX, una parte de éstos indios, de cultura nómada, pasan a emigrar hacia tierras occidentales, inicialmente asiáticas, y posteriormente desde el siglo XIV-XV, penetran en el continente europeo, con asentamientos en el mediterráneo y en la Grecia continental, y posteriormente por todo el continente europeo.

Según Agustín Vega Cortés, a España los gitanos (parece ser que llamados así por una derivación de la palabra "egipcianos", al creerse en ese país su origen) llegan en torno al siglo XV, en la época del rey Alfonso V de Aragón (hijo de Fernando de Antequera y tío del rey Fernando el Católico), penetrando desde entonces y distribuyéndose por los reinos peninsulares.

Desde ese momento, y especialmente poco después, desde finales del siglo XV con los Reyes Católicos, y a lo largo de los reinados de los Austrias y Borbones, se inicia una política de hostigamiento a los gitanos, cuya vida nómada y poco apegada a las costumbres y normas sociales cristianas se ve como rechazable y peligrosa, acusándoles de todo tipo de robos, crímenes y desmanes que ponían en peligro la sociedad cristiana peninsular.

Ejemplo de ello son las pragmáticas y leyes dictadas en 1499, 1539, 1549, 1586, 1619, 1717, 1745, 1765, y 1783, en las que se les obliga a sedentarizarse, avecindarse, registrarse oficialmente y adoptar oficios concretos y productivos socialmente.

La culminación de éstas políticas de control y persecución de los gitanos tuvo lugar en la llamada Gran Redada o Redada General del 30 de julio de 1749, bajo el reinado de Fernando VI de Borbón y siendo Secretario de Estado el Marqués de la Ensenada.

Según cuenta Antonio Gómez Alfaro, y como herencia de esa legislación anti-gitana, a partir del 30 de julio de 1749 se inició una redada general contra el pueblo gitano en toda España, en la que éstos serían perseguidos, detenidos, y obligados a realizar trabajos forzados en arsenales de la marina real, siendo las mujeres y los niños retenidos en castigo. Sin embargo, como cuenta Alfaro, la avanzada edad de muchos gitanos, así como su mala alimentación y condiciones sanitarias obligaron a revocar la medida menos de 20 años después.

Así, de la exclusión social forzada de la medida de 1749, el rey  Carlos III de Borbón pasó en la pragmática sanción del 19 de septiembre de 1783, la última gran legislación anti-gitana de la historia moderna de España, a una política de integración forzosa de los gitanos, aunque reconociéndolos la libertad de elección domiciliaria y laboral. 

Esta pragmática, aún así es durísima como se desprende sus artículos;






Entre otras de las medidas más reseñables de la ley se les consideran "vagos, contrabandistas y facinerosos" y se establece la necesidad, literalmente, de "reducirlos a vida civil o exterminarlos", y se establece, entre otros que; los gitanos como raza no existen, se les prohíbe usar su lengua, vestido y forma de vida nómada y comerciante, se deroga el nombre de gitano o castellano nuevo (como forma de extinguir su identidad), a cambio de integrarse se les acepta en todo tipo de trabajos y gremios (multando a quienes los rechacen o veten), y si no lo hicieran se aprueba su persecución, detención e incluso, si son "inobedientes, en caso de reincidencia se les impondrá la pena de muerte".

Si bien esta legislación de integración y aculturación forzada se puede considerar racista y genocida a nuestros ojos, inicia un cambio completo de la política de exclusión social forzada seguida por Austrias y Borbones hasta la fecha e inicia una política de, como dice Alfaro, "igualdad legal, aunque desigualdad de hecho", cuya herencia es esa imagen, reproducida en la mitología popular e incluso en la literatura lorquiana del gitano que vive su vida nómada y su cultura autónoma, legalmente iguales ante la ley que el resto, pero constantemente reprimidos, perseguidos y hostigados por la guardia civil desde el siglo XIX y marginados y despreciados socialmente por el estado y la sociedad cristiana hegemónica, situación que pervive hasta nuestros días.


-"La presencia histórica de los gitanos en España". Antonio Gómez Alfaro.

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