El caciquismo histórico en un ejemplo; el caso de Orcera (Jaén)

1) Antecedentes históricos

Este pueblo, junto con el cercano de Segura de la Sierra, al que perteneció como arrabal durante décadas, y bajo el mandato de la Encomienda Santiaguista, quedando encuadrada durante siglos en los límites de los reinos de Murcia y de Jaén, fue en su momento un poderoso centro neurálgico de poder económico de la provincia de Jaén, que rivalizaba en peso económico con las grandes ciudades de la provincia jienense.

El motivo de la prosperidad económica de la región, además de los pastos de ganado y algo de agricultura aprovechando la presencia fluvial de la zona, fue durante siglos la madera de los bosques, abundantes en los montes de este paraje natural, y que durante siglos fue y el motor económico de la región.

Explotado ya desde época romana y medieval, la calidad de la madera local era única en toda España y en las posesiones imperiales, lo que fue usada, según cuenta Emilio de la Cruz Aguilar  para la construcción, primero con el Negociado de Maderas de Segura en Sevilla a partir de 1733 y posteriormente y sobretodo de la Provincia Marítima de Segura de la Sierra a partir de 1748 , inicialmente en edificios e infraestructuras y posteriormente para uso naval que nutría los astilleros de todo la Corona con la madera jienense, hasta el punto de que el rey Fernando VI de Borbón llega a crear, en pleno Jaén,  una  “Provincia Marítima de Segura” como consecuencia de las  Ordenanzas de Montes de 1748 bajo el liderazgo de Segura de la Sierra, pero que contaba en Orcera con una delegación. 

Durante casi un siglo, la prosperidad económica del negocio maderero hizo de esta región un potente puntal económico, como se evidencian en los palacios y residencias señoriales de ambas localidades, que vieron su época de esplendor que, sin embargo, tocó a su fin tras los desastres económicos provocados por la invasión napoleónica, las crisis económicas y las carestías de transporte del material, que propiciaron que en 1836-37 se disolviera la Provincia Marítima y se iniciara el declive económico de la región, que perdió protagonismo a favor del centro político de Jaén ciudad, Úbeda y Baeza,  y de las zonas mineras en torno a Linares (ya explotadas en época romana), al mismo tiempo que Orcera, hasta entonces arrabal, se independizaba formalmente de la “capital” y creaba villa independiente .

Las consecuencias económicas de casi un siglo de expolio material de los bosques segureños, con el Negociado de Maderas, la Provincia Marítima y las desamortizaciones del siglo XIX, según afirma Emilio de la Cruz , fueron devastadores, entre otras con la tremenda deforestación y desaparición de más de 300 millones de árboles entre 1751-1985 (cifra que Guillermo F. Rojano rebaja en 280 millones de árboles), la destrucción de terrenos y usos comunales del municipio y de los individuos, aumento de las cargas administrativas y burocráticas, desaparición de oficios artesanales locales o aparición de una desatada corrupción estatal, si bien para otros autores no tuvo un impacto únicamente negativo, tal y como afirma Sergio Rodríguez Tauste, que afirma que “la actividad forestal supuso la reactivación económica de la zona y beneficios para muchas familias dedicadas al carreteo de madera o a la maderada”. 

A pesar de ello, se creó una masa de jornaleros y campesinos, con predominio de la pequeña propiedad y de los asalariados y braceros, acompañado de una capa de terratenientes (favorecidos por las desamortizaciones del siglo XIX que vendían grandes extensiones de tierras) generalmente desde mediados y finales del siglo XIX cuando, junto con el negocio de la madera que siguió siendo económicamente sostenible hasta entrado el siglo XX, se combina con la extensión de otros usos económicos como la ganadería o la agricultura, tanto de cereales y hortalizas diversas como del olivar, símbolo por antonomasia de la provincia de Jaén y que, si bien su uso, cultivo y explotación está datada desde época fenicia y romana, Juan Eslava Galán  afirma que es a finales del siglo XIX cuando se extiende de forma masiva en el campo jienense, en parte para compaginar con otros oficios, por crisis de otros cultivos y en el caso segureño seguramente también como complemento a la deforestación continua de los bosques locales.

2) La creación y el auge del caciquismo en Orcera

Esta situación creó una mano de obra precaria por un lado, y una rica burguesía fruto, como afirma Francisco Cobo Romero  de “…la reforma agraria liberal, (que) desencadenó un importantísimo trasvase de tierras y recursos agrícolas, hasta propiciar la conformación de un nuevo segmento social de ricos y poderosos propietarios de grandes patrimonios rústicos. La élite burguesa recién gestada consolidó su hegemonía gracias al empleo de diversas estrategias clientelares o familísticas, que la catapultaron hasta la preeminencia social ejercida sobre la población de la mayor parte de los municipios agrarios”.

Y todo ello generó rápidamente una capa social oligárquica enriquecida que pasó a dominar políticamente municipios y diputaciones provinciales, y una amplia capa social asalariada o pobre que creó el caldo de cultivo para la expansión de los ideales obreros a lo largo de los siglos XIX y XX, en todo Jaén y también en Orcera, como ilustra ya la presencia desde inicios del siglo XX de familias locales (Parra, Olivares, Zorrilla…) propietarias de tierras y negocios en la localidad que, a su vez, dominan políticamente la comarca, lo que Cobo Romero denomina la “patrimonialización del poder local ”, con toda una red clientelar y económica que salta por los aires en los años 30 del periodo republicano y especialmente ya durante el dominio del Frente Popular.

Si bien, como afirma Cobo Romero, esta nueva realidad socio-económica hunde sus raíces en el siglo XVIII, es en el siglo XIX cuando eclosiona por completo por dos vías; la nueva revolución industrial, las desamortizaciones económica que permiten crear una nueva capa privilegiada en la España rural y una nueva realidad administrativa local fruto de la revolución liberal del siglo XIX; los ayuntamientos y corporaciones municipales hijos, como afirma Diego Caro Cancela, de la Constitución de 1812 y la revolución liberal.

Esta nueva situación creaba numerosos nuevos cargos (alcaldes, secretarios, procuradores, concejales…) que tendrían la misión de gobernar desde abajo el país, controlando a menudo el poder económico y político-institucional en las mismas manos.

A lo largo del siglo XIX y con el afianzamiento de los gobiernos liberales y de leyes diversas, se introduce la idea del sufragio con cargos teóricamente electos de forma democrática por los vecinos cuando, en realidad, es la oligarquía quien controla el poder a nivel local, a través de la introducción de formas de hegemonía como lo fue el sistema bipartidista.

Ello estaba fundamentado en el entendimiento de los dos grandes partidos oligárquicos del momento (el conservador y el liberal), en la supuesta existencia de elecciones libres, parlamentos y hasta una constitución (1876), pero todo ello irreal, ya que la constitución era una carta en blanco que no se cumplía por la ausencia de una libertad política real, el parlamento un falso consenso donde solo estaban representadas las élites, las elecciones estaban amañadas y orientadas para que salieran siempre los mismos partidos de la oligarquía, y la represión y la censura contra la oposición (carlistas, republicanos, obreros...) estaba a la orden del día.  

Ello, pues, acabó generando a lo largo del siglo XIX e inicios del siglo XX una crisis institucional a menudo basada en la corrupción, el descrédito y tráfico de influencias especialmente a nivel local y provincial fomentando, como afirma Diego Caro Cancela, una “oligarquización de la vida política municipal”, que “terminó provocando que en muchos pueblos y ciudades andaluzas auténticas sagas familiares se quedaran con el control del poder político local”. 

Ello se ejemplifica en el caso de Orcera claramente ya durante el siglo XIX, como lo ilustran sendos artículos aparecidos en diciembre de 1876 en los diarios El Imparcial y La Iberia, en los que se menciona un caso curioso y ejemplificador de esta realidad, denunciado por el Diputado Sr. Parra, de “escandalosos abusos electorales cometidos en Orcera”, donde el Alcalde local, al parecer, nombrado “por la dictadura” y para evitar la organización de grupos opositores y elecciones municipales para destituirle, no dudó en armar “una especie de partida o compañía con sus adictos”, llegando a rodear los domicilios donde se reunían los opositores, que fueron “rodeados, acometidos, violentamente maltratados”, fruto de que “en esos pueblos en que los vecinos están divididos en bandos, no hay medio de hacer que la ley impere, porque no hay de quien fiarse”.

En la Gaceta de Madrid correspondiente al 1 de marzo de 1896 se recoge la suspensión por el Gobierno Civil de Jaén de nada menos que 10 concejales del Ayuntamiento de Orcera como consecuencia de una visita de inspección a todos los ramos de la administración municipal de una Delegación del Gobierno Civil, en la que se propusieron una serie de cargos para su suspensión, seguramente debido a notorias irregulares de la gestión local.

Sin embargo más llamativa e ilustrativa de la crisis institucional en que vivían las corporaciones locales del viejo régimen liberal monárquico fruto del abuso de poder oligárquico lo ilustra una rocambolesca noticia aparecida en el diario El Globo el 17 de agosto de 1900 en el que se afirma;

“En Orcera…..el vecindario es casi todo liberal de antiguo abolengo, y arraigadas convicciones políticas. De aquí que la representación municipal de aquel pueblo haya sido liberal durante muchos años y seguiría siéndolo por el voto popular, si un caciquillo conservador de aquel distrito no hubiese pretendido sustituir la representación genuina del pueblo por la de su política, para lo cual gestionó y obtuvo del gobernador de la provincia que enviase un delegado suyo a Orcera para suspender el Ayuntamiento por cualquier medio. 

Fue este delegado un diputado provincial, que después de fiscalizar la administración municipal, reconoció caballerosamente e hizo constar en un acta que aquella administración era honrada y laudable. Más como había de cumplimentar su misión política, formuló contra aquel Ayuntamiento varios cargos, que motivaron su inmediata suspensión. Pero he aquí que el partido conservador sólo contaba en Orcera con cuatro Individuos, uno de ellos legalmente incapacitado para ser concejal, y por tanto, el aludido cacique nada adelantó con lo hecho, pues aun nombrando concejal interino a un amigo Incapacitado, sólo podía disponer de cuatro concejales de los diez de que consta aquel Ayuntamiento. 

No obstante esta imposibilidad legal, consiguió que fuese a Orcera un nuevo delegado del gobernador para constituir aquel Ayuntamiento en cualquier forma. Y llegó el delegado a Orcera y se encerró con el alcalde suspenso en la Sala Consistorial, y lo trató con tan violentas formas, que le proporcionó una enfermedad. Entonces llamó al alcalde que quedó en funciones, y se encerró también con él y le exigió con los peores modos que entregase el bastón al concejal conservador incapacitado. Aquél se negó respetuosamente a hacer tal entrega, apoyándose para ello en fundamentos legales; pero el delegado, que debía cuidarse tanto de la legalidad como de las buenas formas, se arrojó violentamente sobre el referido alcalde, y arrebatándole el bastón a viva fuerza, rompió éste con airada furia.

Hecho esto, envió por otro bastón a un pueblo próximo y lo entregó al repetido concejal conservador Incapacitado, el que lo lució durante algunos días por todas partes, con el título de alcalde accidental y con gran extrañeza del vecindario que, lejos de reconocer y respetar tal autoridad, la hizo objeto de escandalosas burlas y mofas. Poco tiempo después, el gobernador nombró otros seis concejales liberales para que constituyesen el Ayuntamiento, en unión de los cuatro conservadores nombrados anteriormente; pero de estos concejales nombrados últimamente, uno había muerto, otro residía lejos de Orcera desde mucho tiempo atrás, y los cuatro restantes se excusaron de aceptar el cargo por ser mayores de sesenta años. 

En otras circunstancias se habían hecho seis nuevos nombramientos; pero, sin duda, urgía la constitución del Ayuntamiento expresado, pues el delegado, después de aceptar las excusas que se le presentaron, dio por sí y ante sí posesión de sus cargos a los excusantes que no aceptaron tal posesión, haciéndolo así constar ante un notario público que les acompañó a la sala capitular; y aunque fue arrojado de ella por la Guardia civil de orden del delegado, pudo dar fe de la presentación de las excusas y de la no aceptación de los cargos. 

Posesionados o no, lo cierto es que no votaron; y, sin embargo, poco después de salir ellos de la sala capitular, salió de esta el nuevo Ayuntamiento, constituido por una minoría de cuatro concejales, que se repartieron entre si los cargos de alcalde, tenientes y síndico….

Esta informal violencia de la voluntad del pueblo indignó al vecindario de Orcera, en donde se temen graves alteraciones de orden público, las que hasta ahora sólo se han evitado por la prudencia de la Guardia civil y de algunos vecinos influyentes en el pueblo. Resumen: la autoridad municipal, burlada y escarnecida por la falta de prestigio de los que la representan, y la informalidad con que fueron nombrados; la autoridad gubernativa, desprestigiada por los excesos de su representante; un pueblo sin autoridades, pues no reconoce a las así nombradas; y un grave peligro de desórdenes y conflictos, provocado por el completo divorcio del pueblo y sus autoridades”.

Con este panorama de descrédito total de las instituciones municipales caciquiles, no solo en Orcera, sino en toda España, encaraba el nuevo reinado de Alfonso XIII unos años 10 y 20  del nuevo siglo XX que prometían convulsos. El turnismo de partidos conservador-liberal que se establece en el país desde finales del siglo XIX prosigue en los primeros años tanto a nivel local como nacional, pero éste sistema, cada vez más cuestionado y desacreditado empezaba a hacer aguas, por su nula representatividad y legitimidad real, tanto por los conflictos sociales, laborales y políticos que experimentaba el país, y que se manifestaron ya con violentos disturbios sociales en la llamada crisis de 1917 y agravados especialmente con el empeoramiento paulatino de la resistencia rifeña en Marruecos.

Ello derivó en el llamado Desastre de Annual del 22 de julio de 1921, cuando un ataque rebelde rifeño provocó el aniquilamiento total de un fortín colonial español del ejército ubicado en Annual, llevándose por delante a miles de soldados españoles por la temeraria y negligente acción de su general, Manuel Fernández Silvestre, motivando un expediente de investigación, el conocido Expediente Picasso, que peligrosamente implicaba a altos mandos del ejército.

Ante tal situación, con un descontento latente en el ejército español, un fuerte descrédito del sistema parlamentario y político español y una mayor confrontación social de las organizaciones obreras, estalla un golpe de estado militar el 13 de septiembre de 1923 cuando el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra el Gobierno y dio un golpe de Estado que fue respaldado por el rey Alfonso XIII, que le cedió  el poder. 

Con el golpe militar, Primo de Rivera pasa a ilegalizar, reprimir y clausurar a todos los centros políticos del PCE y de la CNT, de carácter radical, así como los centros y ateneos republicanos de todo el país. Además, otras fueron las víctimas y el objetivo primordial del dictador; las corporaciones municipales y ayuntamientos, como decimos, fuertemente desacreditados y representantes de la corrupción y los manejos del poder oligárquicos, que fueron suprimidos.

Así, en un Real Decreto promulgado el 30 de septiembre de 1923, menos de 20 días después de tomar el poder, y publicado en la Gaceta de Madrid del 1 de octubre de 1923 se afirma ;

“Recogidos en una docena de días anhelos del alma popular, despertada a la vida ciudadana por la conmoción nacional del 13 de Septiembre, pocos tan intensa y unánimemente expresados como el de ver sustituidos en las Corporaciones municipales a los hombres, a la vez semilla y fruto de la política partidista y caciquil, que con poca eficacia y escrúpulo venían entorpeciendo la vida administrativa de los pueblos. Ello justifica la propuesta que el Directorio eleva a V. M. por mi conducto de disolver todos los Ayuntamientos de España, que tendrán legal sustitución en los Vocales asociados”.

A partir de este momento, cesan los concejales de todos los Ayuntamientos del país, que pasan a ser reemplazados por los Vocales asociados, bajo la presidencia e intervención de la Autoridad militar, y con un Alcalde elegido en votación secreta entre los Vocales asociados posesionados de los Cargos de concejales, así como el resto de cargos municipales. Con ello, teóricamente, Primo de Rivera trataba  de garantizar el buen funcionamiento de la vida local y provincial bajo supervisión militar, en su visión garante del bienestar de la nación, apartando a los viejos caciques y políticos liberal-conservadores que, a su juicios, corrompían la nación desde la célula más elemental que eran los municipios.

En Orcera, las inestabilidades políticas del viejo ayuntamiento constitucional se evidenciaban en las constantes crisis políticas corporativas, manifestada en los hasta 4 ayuntamientos diferentes que son nombrados en el municipio entre abril de 1921 y octubre de 1923 , entre ellos el existente en abril de 1921  por parte de Ramón de la Parra López, sustituido el 1 de abril de 1922 por uno nuevo liderado por José de la Parra López (evidenciándose una vez más la patrimonializacion del poder local y la oligarquización de la vida política municipal ya mencionadas), y a su vez por otro nuevo el 22 de enero de 1923 liderado por Domingo Zorrilla Muñoz.

Este vacío constante de poder es relatado en un artículo por el diario La Acción del 30 de marzo de 1923 cuando afirma que; “…dicho municipio está privado de su legítima representación local y paralizadas sus funciones. El nuevo Alcalde, para evitar que sus compañeros de consistorio pudieran dar al traste con sus anárquicos planes, no ha consentido que celebre una sola sesión el Ayuntamiento….Ha conseguido la suspensión de todos los concejales”, lo que motivó, como afirma otro artículo de La Voz del 27 de agosto de 1923, el procesamiento por parte del Gobierno Civil de Jaén del Alcalde y los Concejales Domingo Zorrilla Muñoz, Juan Rodríguez Robles y José Romero Romero.

Finalmente el día 2 de octubre de 1923, un día después de entrar en vigor el Real Decreto de Primo de Rivera, se produce la destitución de todo el Ayuntamiento de Orcera y, bajo la presidencia del Comandante de la Guardia Civil, se nombra un nuevo Ayuntamiento en el que se escoge como Vocal Alcalde a Cesáreo Sánchez Fernández, con Gabriel Cano Navío y Ciriaco González Montalvo como Tenientes.

Ello, sin embargo y como era de esperar, no iba a garantizar la tan anhelada y esperada regeneración de la vida política local, y tan solo un día después, el 3 de octubre de 1923, por “incompatibilidades” de anula la constitución del Ayuntamiento y se nombra otro nuevo Vocal Alcalde en la figura del ex teniente de alcalde Gabriel Cano Navío. 

Increíblemente, y según figura en las propias actas municipales, apenas 3 meses después, el 16 de enero de 1924, el alcalde orcereño es destituido nada menos que “por ser analfabeto y no ser representación del municipio”, por un nuevo Vocal Alcalde, elegido por 9 votos en la figura de Gonzalo Garrido y Pérez de las Bacas, acompañado por los tenientes de alcalde y alcaldes en funciones Antonio de la Cruz Montesinos y Daniel García Aguilar, que ejercen temporalmente entre enero y abril de 1924, cuando es nuevamente elegido para su cargo el primero.

Con la dimisión de Miguel Primo de Rivera en enero de 1930 y la caída de la dictadura militar, se reestablecen nuevamente los ayuntamientos constitucionales derogados por las leyes de 1923, y se nombra nuevamente el 21 de marzo de 1930 como Alcalde-Presidente de Orcera a Ramón de la Parra López , quien ya lo fuera 9 años antes, previo a la dictadura, según una comunicación del Gobernador Civil de la Provincia de Jaén.

Con la vuelta del orden constitucional, las viejas familias tradicionales de Orcera y de España vuelven al poder local, como lo evidencia la nueva corporación, formada por algunos concejales ya nombrados por los hermanos Parra en abril de 1921; Ramón de la Parra López, Federico Fernández Gallego, Santiago Olivares, Manuel Lamelas…

En este estado de intento de vuelta a la normalidad constitucional y democrática nos encontramos entre 1930 y 1931. El descrédito político de la monarquía, que ha apoyado a la dictadura militar es total. Las viejas élites caciquiles están nuevamente en el poder, mientras que las organizaciones obreras y el republicanismo se organizan nuevamente, en la clandestinidad o ya abiertamente.

Se vuelven a legalizar los partidos políticos y por primera vez, el republicanismo vive un repunte inédito desde mediados del siglo pasado; el viejo orden oligárquico tradicional, que hundía sus raíces en la Restauración del siglo XIX iba tocando a su fin, y aunque en muchas zonas rurales pervive aún intacto hasta el dominio del Frente Popular en 1936, en la mayor parte del país, especialmente en la España urbana e industrial iba tocando a su fin, al menos en su forma más clásica y tradicional.

Fuentes

-“Orcera provincia marítima”. Fundación Patrimonio Sierra de Segura. Jaén, 2009.

-“Historia ilustrada de la Sierra de Segura”. Guillermo F. Rojano. Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura,  en colaboración del CEDER Sierra de Segura y Segura Verde - Ecologistas en Acción. Orcera, 2000.

-“La destrucción de los montes”. Emilio de la Cruz Aguilar. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1994.

-“Memorias sobre el Partido Judicial de Segura de la Sierra”. Juan de la Cruz Martínez. Imprenta de D.F. Moreno. Baeza, 1842.

-“La Provincia Marítima de Segura de la Sierra”. Sergio Rodríguez Tauste. Revista Tierras de Jaén.

-“Las rutas del olivo en Andalucía”. Juan Eslava Galán.

-“La aparición de una nueva oligarquía”. Francisco Cobo Romero, en “Andalucía en la Historia”, numero 26.

-“Del antiguo régimen al liberalismo oligárquico”. Diego Caro Cancela, en “Andalucía en la Historia”, numero 22.

-“Real Decreto disolviendo todos los Ayuntamientos de España, cuyos concejales serán sustituidos por los vocales asociados de los mismos”, promulgado el 30 de septiembre de 1923 y publicado en la Gaceta de Madrid del 1 de octubre de 1923.

-BOE Colección histórica.

-Hemeroteca Nacional. BNE

-Archivo Histórico Municipal de Orcera. Actas plenarias del Ayuntamiento de los años 20. Caja 103.

-Archivo Histórico Municipal de Orcera. Actas plenarias del Ayuntamiento de los años 30. Caja 104.